Escuchar este artículo Voz: Antonio · AutoNews24

La Dirección General de Tráfico (DGT) avanza en el desarrollo de una nueva generación de radares capaces de medir las emisiones contaminantes que salen directamente del tubo de escape de los vehículos. Aunque estos dispositivos todavía no pueden imponer sanciones, la reciente aprobación de una norma técnica abre la puerta a su futura utilización con validez legal.

Su llegada coincide con un momento de incertidumbre para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), cuya aplicación enfrenta obstáculos judiciales y dificultades derivadas de problemas en el transporte público.

Un radar que analiza las emisiones en tiempo real

A diferencia de los radares convencionales, estos equipos no controlan la velocidad ni detectan infracciones de circulación.

Su función consiste en analizar, en apenas unos segundos y sin necesidad de detener el vehículo, los gases emitidos por el escape para determinar el nivel real de contaminación.

La tecnología está siendo desarrollada por Opus Remote Sensing, cuyos sistemas ya se encuentran en fase de pruebas en España.

La nueva norma técnica abre el camino

El respaldo legal llega con la publicación de la norma UNE 82509:2026, que establece los criterios técnicos para que las mediciones realizadas por estos dispositivos puedan tener validez jurídica.

No obstante, las autoridades aclaran que:

  • Los radares continúan en fase de ensayo.
  • No existe una fecha oficial para el inicio de las sanciones.
  • La Unión Europea todavía trabaja en el marco normativo que regulará su implantación.

Por el momento, su utilización tiene un carácter exclusivamente experimental.

El objetivo: identificar a los vehículos más contaminantes

Según datos de la Comisión Europea, aproximadamente el 2% del parque automovilístico es responsable de más del 40% de las emisiones contaminantes generadas por el tráfico.

La filosofía de estos nuevos radares consiste precisamente en identificar a esos vehículos con mayores emisiones, independientemente de su antigüedad o de la etiqueta ambiental que posean.

Este enfoque pretende sustituir un modelo basado únicamente en la clasificación administrativa por otro centrado en las emisiones reales de cada vehículo.

Las Zonas de Bajas Emisiones atraviesan un momento complejo

La aparición de esta tecnología coincide con las dificultades que enfrentan las ZBE en varias ciudades españolas.

En Cataluña, las restricciones tuvieron que flexibilizarse temporalmente tras la interrupción del servicio de Rodalies provocada por un desprendimiento de tierras, obligando a miles de ciudadanos a utilizar el automóvil.

En Madrid, la normativa inicial fue anulada por los tribunales y el Ayuntamiento aprobó una nueva regulación que permite provisionalmente la circulación de determinados vehículos sin distintivo ambiental empadronados en la capital.

Estos episodios han reabierto el debate sobre la eficacia y la viabilidad de las restricciones basadas exclusivamente en la etiqueta ambiental.

Un cambio de estrategia en la lucha contra la contaminación

Los radares de emisiones representan un enfoque diferente respecto a las actuales Zonas de Bajas Emisiones.

En lugar de limitar el acceso según el año de fabricación o el distintivo ambiental, la nueva tecnología permitiría actuar directamente sobre los vehículos que realmente superen determinados niveles de contaminación durante su circulación.

Este sistema podría aplicarse tanto dentro como fuera de las ZBE, ampliando el control a cualquier vía donde se instalen estos dispositivos.

Sin fecha para las multas

Aunque la tecnología ya está disponible y existe una base técnica para su futura implantación, la DGT todavía no ha anunciado cuándo comenzarán las sanciones.

Su puesta en marcha dependerá tanto del desarrollo del marco regulatorio europeo como de la aprobación de la normativa definitiva que autorice el uso sancionador de estos radares en España.

Mientras tanto, el debate continúa abierto sobre cuál será el modelo más eficaz para reducir las emisiones del tráfico sin afectar de forma desproporcionada a los conductores que todavía utilizan vehículos de mayor antigüedad.